El 14 de octubre de 2025, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia emitió la Resolución 2100, marcando un hito en la política pública relacionada con el consumo de sustancias psicoactivas. Esta normativa establece un enfoque integral que busca transformar la manera en que el país aborda la prevención, reducción de riesgos y daños, y la atención del consumo de sustancias psicoactivas, tanto lícitas como ilícitas. La resolución tiene como horizonte temporal el período 2025–2033 y se enmarca en la estrategia nacional de salud pública y derechos humanos.

La decisión de adoptar esta política responde a la necesidad de enfrentar el creciente desafío que representa el consumo de sustancias psicoactivas en Colombia. Según datos del Ministerio de Salud, se ha observado un aumento en las tasas de consumo, especialmente entre la población joven, lo que ha generado un impacto negativo en la salud pública y en la seguridad social del país. Además, la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas ha sido identificada como un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades mentales y trastornos asociados.

En este contexto, la Resolución 2100 busca ofrecer una respuesta coherente y coordinada a este fenómeno, alineando las acciones del Estado con los principios de salud pública, derechos humanos y enfoque de género. La política adoptada pretende garantizar el acceso a servicios de salud de calidad para las personas que consumen sustancias psicoactivas, promoviendo su bienestar y reintegración social.

Objetivos de la Resolución 2100

La Resolución 2100 establece los siguientes objetivos principales:

1. Prevención del consumo de sustancias psicoactivas: Implementar estrategias educativas y comunitarias que disuadan el inicio del consumo, especialmente en poblaciones vulnerables.

2. Reducción de riesgos y daños asociados al consumo: Ofrecer servicios de salud que minimicen las consecuencias negativas del consumo, tales como programas de intercambio de jeringas, atención a sobredosis y tratamiento de enfermedades relacionadas.

3. Atención integral a las personas que consumen sustancias psicoactivas: Garantizar el acceso a servicios de salud mental, rehabilitación y reintegración social, con un enfoque centrado en la persona y respetuoso de sus derechos.

4. Fortalecimiento institucional y comunitario: Capacitar a los profesionales de la salud y a las comunidades para que puedan identificar, tratar y apoyar a las personas afectadas por el consumo de sustancias psicoactivas.

5. Monitoreo y evaluación continua: Establecer mecanismos de seguimiento que permitan ajustar las políticas y programas según la evolución del fenómeno y las necesidades de la población.

Estrategias Implementadas

Para alcanzar estos objetivos, la Resolución 2100 propone una serie de estrategias clave:

– Desarrollo de programas educativos: Implementar campañas de sensibilización en escuelas, universidades y comunidades, enfocadas en los riesgos del consumo y en la promoción de estilos de vida saludables.

– Acceso a servicios de salud especializados: Ampliar la cobertura de servicios de salud mental y adicciones, asegurando que sean accesibles, confidenciales y de calidad.

– Fortalecimiento de redes comunitarias: Apoyar la creación de redes de apoyo entre pares y grupos comunitarios que faciliten la integración social de las personas que consumen sustancias psicoactivas.

– Capacitación del personal de salud: Proveer formación continua a médicos, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales de la salud en el manejo del consumo de sustancias psicoactivas y en la aplicación de enfoques basados en derechos humanos.

– Implementación de políticas públicas intersectoriales: Coordinar acciones entre diferentes sectores del Estado, como educación, justicia, trabajo y bienestar social, para abordar de manera integral el fenómeno del consumo. 

Impacto Esperado

Se espera que la implementación de la Resolución 2100 tenga los siguientes impactos positivos:

– Reducción de la prevalencia del consumo: Disminuir el número de personas que inician o mantienen el consumo de sustancias psicoactivas.

– Mejora en la salud pública: Reducir la incidencia de enfermedades relacionadas con el consumo, como VIH/SIDA, hepatitis y trastornos mentales.

– Fortalecimiento del sistema de salud: Mejorar la capacidad del sistema de salud para atender a las personas con problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas.

– Reintegración social efectiva: Facilitar la inclusión social y laboral de las personas que han superado su dependencia, contribuyendo a su bienestar y al desarrollo del país.

Desafíos en la Implementación

A pesar de los avances significativos que representa la Resolución 2100, existen varios desafíos en su implementación:

– Estigma social: El rechazo y la discriminación hacia las personas que consumen sustancias psicoactivas pueden dificultar su acceso a servicios de salud y su reintegración social.

– Recursos limitados: La asignación insuficiente de recursos financieros y humanos puede obstaculizar la expansión y sostenibilidad de los programas propuestos.

– Coordinación interinstitucional: La falta de coordinación entre las diferentes entidades del Estado puede generar duplicación de esfuerzos y dispersión de recursos.

– Resistencia cultural: Las normas y valores culturales que criminalizan el consumo de sustancias psicoactivas pueden dificultar la adopción de enfoques basados en derechos humanos.

A continuación encontrarás en detallado la Resolución 2100 de 2025  

Conclusión

La Resolución 2100 de 2025 representa un paso importante hacia una política pública más humana, científica y efectiva en el manejo del consumo de sustancias psicoactivas en Colombia. Al adoptar un enfoque integral que combina prevención, atención y reducción de riesgos, se busca no solo mejorar la salud de las personas afectadas, sino también contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa. La implementación exitosa de esta política dependerá del compromiso de todos los actores sociales y del Estado para superar los desafíos y garantizar que los derechos de las personas sean respetados y protegidos.