El año 2025 representó un punto crítico para el sistema de salud en Colombia. Más que un periodo de reformas estructurales definitivas fue un año marcado por tensiones financieras profundas, debates políticos inconclusos y retos sanitarios asociados al entorno ambiental, que impactaron de manera directa a la población. La salud dejó de ser un tema exclusivamente técnico para convertirse en una preocupación cotidiana para millones de personas, reflejada en el acceso a servicios, medicamentos y atención oportuna.

Este artículo presenta un balance general de lo ocurrido en salud durante 2025, integrando aspectos económicos, sociales, ambientales y políticos, y plantea una visión prospectiva hacia 2026.

Un sistema bajo presión financiera y operativa

Durante 2025, el sistema de salud colombiano enfrentó una presión financiera sostenida, evidenciada en problemas de liquidez, aumento de la cartera hospitalaria y retrasos en los pagos a prestadores de servicios [1]. Diversos hospitales y clínicas reportaron dificultades para sostener su operación normal, lo que en algunos casos se tradujo en suspensión de servicios, reducción de turnos o retrasos en procedimientos clínicos.

Como respuesta, el Gobierno fortaleció el mecanismo de giro directo a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), con el objetivo de garantizar que los recursos llegaran directamente a las instituciones prestadoras de salud (IPS) [2]. Si bien esta medida permitió aliviar parcialmente el flujo de caja de algunos prestadores, distintos análisis coincidieron en que el problema estructural no se limita al flujo de recursos, sino que incluye la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), debilidades en la auditoría de cuentas, acumulación histórica de deudas y falta de sostenibilidad financiera del modelo [3].

Para la ciudadanía, estas tensiones se reflejaron en demoras administrativas, cambios frecuentes en las redes de atención y dificultades para acceder de manera continua a tratamientos, incluso cuando estos se encontraban formalmente cubiertos por el sistema.

El debate político y la reforma a la salud

Uno de los acontecimientos más relevantes de 2025 fue el hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso de la República, tras varios meses de discusión legislativa [4]. El archivo del proyecto mantuvo vigente el modelo de aseguramiento existente, aunque acompañado de ajustes administrativos y regulatorios.

Este resultado tuvo un doble efecto. Por un lado, evitó una transformación estructural inmediata del sistema; por otro, profundizó la incertidumbre regulatoria para EPS, IPS, proveedores y usuarios. La ausencia de definiciones claras generó cautela en decisiones de inversión, contratación y expansión de servicios, en un contexto ya marcado por restricciones financieras.

Desde la perspectiva ciudadana, el debate político produjo desgaste y desconfianza, ya que los problemas estructurales del sistema persistieron sin una solución clara, mientras el discurso público se mantuvo altamente polarizado.

Empresas del sector salud: impactos y reacomodos

Durante 2025 continuaron las medidas de vigilancia especial e intervención sobre varias EPS, acompañadas de traslados de afiliados y reordenamiento de redes de atención [5]. Estas decisiones buscaron proteger la continuidad del servicio, pero también generaron sobrecarga operativa en las IPS receptoras y procesos de adaptación complejos para los usuarios.

El acceso a medicamentos fue uno de los temas más sensibles del año. Aunque las autoridades sanitarias afirmaron que no existió un desabastecimiento generalizado a nivel nacional [6], múltiples reportes periodísticos y testimonios ciudadanos evidenciaron barreras prácticas persistentes, como retrasos en las entregas, cambios frecuentes de operadores farmacéuticos y procesos administrativos extensos [1]. Este contraste dejó en evidencia que la disponibilidad nominal de medicamentos no garantiza un acceso efectivo y oportuno para el paciente.

Impacto social y territorial

Las brechas regionales en salud continuaron siendo uno de los principales desafíos del sistema en 2025. Mientras las grandes ciudades concentran infraestructura, talento humano y tecnología, las zonas rurales y dispersas enfrentan limitaciones históricas en acceso y capacidad resolutiva.

En contextos de tensión financiera, estas desigualdades tienden a profundizarse. Los hospitales públicos en regiones apartadas suelen ser los primeros en verse afectados por retrasos en pagos, comprometiendo programas de prevención, atención primaria y transporte de pacientes.

Adicionalmente, es importante resaltar que aproximadamente el 75 % de la red de prestación de servicios de salud en Colombia corresponde al sector privado, lo que implica que cualquier afectación financiera o regulatoria tenga un impacto directo y significativo sobre la disponibilidad real de servicios para la población [5].

Salud y ambiente: una relación cada vez más clara

El año 2025 reafirmó que los factores ambientales son determinantes clave de la salud pública. Colombia enfrentó brotes importantes de enfermedades transmitidas por vectores, como dengue y fiebre amarilla. Esta última llevó a la declaratoria de emergencia sanitaria y a la implementación de campañas de vacunación en varias regiones del país [7]. Si bien estas acciones fueron necesarias desde el punto de vista sanitario, los resultados de cobertura estuvieron por debajo de las expectativas iniciales, lo que evidenció limitaciones en acceso, logística y adherencia, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.

El Instituto Nacional de Salud reportó una circulación activa de estos eventos, asociada a factores como cambios climáticos, deforestación, movilidad poblacional y condiciones meteorológicas específicas [8]. A su vez, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales informó condiciones climáticas tipo La Niña, relevantes para el comportamiento epidemiológico de varias enfermedades [9]. Estos eventos reforzaron la necesidad de integrar de manera más efectiva las políticas de salud, ambiente y ordenamiento territorial, entendiendo que la prevención no depende únicamente del sistema asistencial.

Aspectos positivos y aprendizajes de 2025

A pesar de las dificultades, el año dejó algunos aprendizajes relevantes. Se evidenció una mayor visibilidad pública y seguimiento a los flujos financieros del sistema de salud [2], así como un incremento del debate ciudadano y técnico sobre la sostenibilidad del modelo. También se fortaleció el reconocimiento de la relación entre salud, ambiente y territorio como eje estratégico de la salud pública. No obstante, estos avances aún resultan insuficientes frente a la magnitud de los retos estructurales.

Retos no resueltos y errores persistentes

Entre los principales pendientes del sistema se destacan la falta de consensos políticos duraderos, la insuficiencia de la UPC frente al perfil epidemiológico actual, los problemas estructurales de financiación y auditoría, la sobrecarga administrativa para usuarios y prestadores, y la persistencia de desigualdades regionales. Sin avances claros en estos frentes, el sistema corre el riesgo de mantener su operación formal, pero con fallas crónicas en el acceso real y oportuno a la atención.

Visión 2026: un escenario de mayor tensión

De cara a 2026, los escenarios más probables apuntan a un contexto de mayor polarización política y profundización de las tensiones financieras, más que a una continuidad estable o a una reforma consensuada. Si no se corrigen los problemas de sostenibilidad financiera, suficiencia de la UPC y transparencia en la gestión de las EPS intervenidas, el sistema podría enfrentar mayores riesgos operativos, con impacto directo en la red prestadora —especialmente privada— y en la experiencia del usuario.

Para la ciudadanía, algunos indicadores clave a seguir serán la entrega oportuna de medicamentos, la estabilidad de la red hospitalaria y la capacidad de respuesta frente a emergencias sanitarias.

El año 2025 no significó una transformación definitiva del sistema de salud colombiano, pero sí dejó al descubierto sus fragilidades estructurales. El reto para 2026 será avanzar hacia decisiones técnicas orientadas a la sostenibilidad financiera del sistema, la suficiencia de la UPC y la transparencia en la gestión de las EPS intervenidas, con el fin de garantizar un acceso efectivo, equitativo y continuo a los servicios de salud.

Bibliografía

1.  El País. (2025). El Gobierno de Petro choca con la Contraloría por la crisis de la Nueva EPS.
2. Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). (2025). Informes de giros y ejecución de recursos del sistema de salud.
3. Ministerio de Salud y Protección Social. (2025). Informe de ejecución presupuestal del sector salud.
4. El País. (2025). El Congreso hunde de nuevo la reforma a la salud en Colombia.
5. Superintendencia Nacional de Salud. (2025). Entidades en medida especial y procesos de intervención.
6. Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). (2025). Comunicado oficial sobre disponibilidad de medicamentos en Colombia.
7. Ministerio de Salud y Protección Social. (2025). Resolución 691 de 2025 – Emergencia sanitaria por fiebre amarilla.
8. Instituto Nacional de Salud. (2025). Boletines epidemiológicos semanales.
9. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). (2025). Reporte de condiciones climáticas tipo La Niña.